Los estados están utilizando la inteligencia artificial (IA) para abordar problemas que antes no podían resolver. En Brasil, el análisis de imágenes satelitales se utiliza para detectar piscinas no declaradas y construcciones clandestinas, ayudando a resolver litigios fiscales por valor de 140 000 millones de dólares. En Argentina, el sistema 'Prometea' analiza expedientes judiciales completos para generar borradores de resoluciones en minutos, una tarea que antes a los funcionarios les llevaba días. En Países Bajos, la IA ayuda a los ciudadanos a gestionar trámites enteros desde el principio hasta el final. El futuro ya ha llegado y los gobiernos deben adaptarse o quedarse atrás.
Según la OCDE, el 70% de los países utiliza la IA para mejorar los procesos internos del gobierno, pero solo el 33% la ha aplicado al diseño e implementación de políticas. A pesar de su creciente uso, la IA aún no ha tenido un impacto transformador en el sector público. En una era de disrupción digital y disminución de la confianza pública, la tecnología se ha vuelto esencial para aumentar la productividad y la resiliencia.
Las implementaciones exitosas de la IA en todo el mundo son impresionantes. en Singapur, un chatbot fiscal con IA gestionó 70 000 consultas en un año, ahorrando a los contribuyentes 11 666 horas. La autoridad tributaria de Austria utiliza la IA desde 2014 y en 2023 analizó 6,5 millones de casos, recuperando 185 millones de euros en impuestos que de otro modo no se habrían detectado.
Sin embargo, hay una contrapartida. En Francia, la IA analizó fotografías satelitales y declaraciones fiscales, lo que provocó errores. Un algoritmo acusó a 26 000 familias de fraude en subsidios infantiles, provocando el colapso del gobierno y consecuencias devastadoras para las personas. Esto demuestra que la IA no arregla lo que ya está roto, lo amplifica. Es crucial no solo implementar tecnología, sino hacerlo de manera responsable y justa.
